CRÓNICA ACTUAL SOBRE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN

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Javier Hernández García

Transparencia Internacional España

  1. ÁMBITO INTERNACIONAL

Dentro del contexto internacional cabe destacar algunos trabajos, proyectos y acontecimientos ciertamente significativos en relación con la transparencia y la corrupción en estos últimos meses. Vamos a hacer referencia a algunos de ellos:

  • Riesgo de corrupción en el fútbol

Un informe elaborado por Transparency Internacional advertía de riesgos de corrupción en el fútbol mundial. El objeto de análisis fueron 209 Federaciones Nacionales de Fútbol y 6 Confederaciones regionales. El resultado indicó que la gran mayoría no publicó sus finanzas ni actividades a las cuales dediron sus presupuestos y ni disponían de códigos de conducta ni estatutos. A estos datos hay que apuntar que la FIFA concedió subvenciones, de 2,5 millones de dólares a cada una de las federaciones y 102 millones a las confederaciones, con el objetivo de fomentar el deporte del fútbol.

Transparency Internacional estuvo investigando para conocer cómo estas federaciones y confederaciones gastaron el dinero recibido de la FIFA, las cantidades ingresadas por los patrocinadores, de las ventas de entradas y de partidos internacionales, entre muchos otros. Aunque, únicamente pudieron conocer una contabilidad parcial de la FIFA.

Solamente 14 federaciones, entre las que no se encuentra la RFEF, publicaron indicios de gastos e ingresos. Por esta razón, TI puntuó al 42% de estas organizaciones con un 0 absoluto en transparencia, e instaron a la FIFA a obligar a sus miembros a publicar los estatutos organizativos, informe anual de sus actividades,  código de conducta/ético y cuentas auditadas  como condición necesaria para pertenecer a la federación internacional de fútbol.

  • Salida de Martinelli del Parlamento Centroamericano

Mediante una carta abierta firmada por el presidente de TI y sus capítulos nacionales de Honduras, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Guatemala, se instaba al Parlamento Centroamericano a cesar la membresía del expresidente panameño Martinelli. Ya que esta situación en la cámara obstaculizaban la investigación y bloqueaba la posibilidad de ser procesado por la justicia panameña ante las sospechas de corrupción.

El propio presidente de TI, José Ugaz, indicó que las investigaciones apuntaban a hechos de corrupción a gran escala cometidos supuestamente por R. Martinelli y sus colaboradores, lo que “les permitieron incrementar desmesuradamente su patrimonio personal y, a la vez, impidieron que partidas de alimentos llegaran a poblaciones necesitadas y que niños en escuelas recibieran materiales de estudio”.

Martinelli viajó a la sede del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) para impedir ser procesado, aunque el pleno del PARLACEN afirmó que Martinelli no tenía inmunidad por ser miembro. Entonces. el expresidente panameño puso rumbo a Miami buscando refugio. También se le investigaba por espionaje y “pinchazos” telefónicos a más de un centenar de personas cuando presidía Panamá. El 21 de diciembre de 2015 se ordenó su detención.

  • Corrupción en Brasil: El caso Petrobras

A comienzos de año el Tribunal Superior Electoral de Brasil trasmitía a Dilma Roussef una demanda impuesta por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Las principales acusaciones por irregularidades fueron la manipulación de datos socio-económicos, abusos con cadenas nacionales, y propaganda electoral en periodos de veda. En este mismo entramado se estaba investigando al expresidente Lula Da Silva por ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero. Además estaba imputado por fraude fiscal en el sector automotor.

Las conocidas “Pedaladas fiscales” por las que el gobierno falseó las cuentas, el Caso Petrobras y la investigación policial Lava Jato, la cual ponía en el punto de mira al presidente de la Cámara de los Diputados, fueron algunas de las causas de la aprobación del impeachment a Dilma Rousseff. En la madrugada del 18 de abril, la Cámara de los Diputados votaba a favor de procesar a la presidenta brasileña. De esta forma, el Senado tenía la última palabra.

En mayo, la justicia brasileña condenó a Jose Dirceu, ex ministro de Da Silva, a 23 años y 3 meses de prisión en relación con el caso Petrobras, concretamente por corrupción pasiva y activa y blanqueo de capitales. A los pocos días, la fiscalía exigió al Tribunal Supremo la detención de Renan Calheiros, presidente del Senado, y de Eduardo Cunha, recién suspendido presidente de la Cámara de los Diputados.

  • Los Papeles de Panamá

La mayor filtración de una fuente periodística al diario Süddeutsche Zeitung y el trabajo conjunto de 400 periodistas de todo el mundo coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), destaparon un complejo sistema de blanqueo de dinero, evasión de impuestos y consecución de divisas ingeniado y liderado por el bufete panameño Mossack Fonseca.

Pronto vinieron las dimisiones. El primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fue la primera víctima política. Dimitió el 5 de abril, horas antes de pedir la disolución de las cortes al presidente del país, quien rechazó previamente a conocer el escándalo. En España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, dimitió tras conocerse que su nombre estaba vinculado a sociedades pantalla gestionadas por Mossack Fonseca. Constaban como clientes del bufete familiares, amigos y personas de confianza de figuras muy importantes como Vladimir Putin, Petró Poroshenko, Abdelaziz Buteflika, Hosni Mubarak, Mohammed VI, Bashar al-Ásad, Silvio Berlusconi e incluso Gonzalo Delaveau, presidente en aquel momento del capítulo chileno de Transparencia Internacional.

Tras conocer estas informaciones, TI instó a actuar contra estos tipos de entramados utilizados para cometer actos delictivos relacionados con la evasión de impuestos y blanqueo de capitales. Además instó al G20 a crear registros públicos de propietarios y beneficiarios de empresas de acuerdo con los estándares internacionales e imponer sanciones para los países.

  • La Cumbre Anticorrupción de Londres

Reino Unido fue la sede de la Cumbre Anticorrupción 2016. Enfrentarse a los grandes problemas provocados por la corrupción en todo el mundo fue el objetivo marcado. Los flujos de dinero ilícito en el sistema financiero de todo el mundo, la contratación publica, la salud y el deporte se  trataron con especial interés.

Los 40 países asistentes acordaron y firmaron unos principios generales y una declaración global e incluso compromisos específicos. Transparencia Internacional dio la bienvenida a esta iniciativa y se postuló como juez de estos principios y compromisos para que se cumplan en la práctica y tengan su impacto en la sociedad civil.

Concretamente, 6 países, Reino Unido, Kenia, Holanda, Nigeria, Francia y Afganistán se comprometieron a publicar registros de quiénes son los propietarios y quiénes controlan las empresas. Australia, Georgia, Indonesia, Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda acordaron trabajar en dirección de conseguir un registro en el futuro. Por su puesto, compartir información entre los países en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, TI expreso su decepción con Australia por no comprometerse a crear un registro ya que tiene recursos suficiente para lograrlo.

  • Condena y necesaria protección para los whistleblowers

Antoine Deltour fue condenado a 12 de meses de prisión y una multa de 1500 € y Raphaël Halet, a una pena de 9 meses y 1000 €. Ambos por el caso LuxeLeaks. Deltour y Halet era dos trabajadores de la consultora Pricewaterhousecoopers, quienes filtraron la información de una trama de corrupción.  Esta compañía, junto a KPMG, Ernst & Young y Deloitte, ayudó a unos 350 empresas a evadir impuestos con la ayuda del gobierno de Luxemburgo, entre los años 2002 y 2010.

Transparency International demanda que los whistleblowers sean protegidos ante las posibles represalias. Deltour fue quien reveló cómo las multinacionales evadían impuestos con ayuda de las autoridades de Luxemburgo. Este delator junto a Halet perdieron su trabajo en el momento en el que se hizo público el escándalo. Fueron condenados y sus posibilidades de volver a ser contratados por una empresa son muy reducidas.

El director ejecutivo de Transparency Internacional, Cobus de Swardt, afirmaba: “Deltour debe ser protegido y elogiado, no acusado. La información que ha sacado a la luz es de interés público. TI aboga por la protección de los delatores de corrupción como Deltour porque ellos juegan un papel esencial en la lucha contra la corrupción y otras muchas malas prácticas. Además, estos whistleblowers pagan un precio muy alto cuando la información se hace pública.

  • Campaña anticorrupción en China

El presidente Xi Jinping puso en marcha una operación para combatir la corrupción en el Partido Comunista de China (PCCH). Las consecuencias de este plan se tradujo en unos 300.000 miembros sancionados por casos de corrupción durante 2015. Un 70% de estos afiliados recibieron un castigo menor y los restantes hicieron frente a severas sanciones. Sin embargo, todos ellos tuvieron que abandonar el cargo que ostentaban.

Muchos expertos coinciden en que estos castigos se tratan en realidad de “ajustes de cuentas” entre políticos, dada la opacidad en las investigaciones y procedimientos de sanción. Además ven inmediatamente necesario reformas políticas profundas en relación a la lucha anticorrupción. Por su parte, el gobierno central quiere seguir con esta campaña iniciada por el presidente Xi Jinping.

Los datos indican que los miembros sancionados por corrupción del PCCH sólo corresponden a menos de 0,4 % de la totalidad del partido. Es más, tan sólo un número muy reducido, unos 15.000, fueron procesados por la justicia durante el pasado año. Sin duda se trata de los casos de mayor gravedad y con más trascendencia social. El número de corruptos que son “juzgados” de forma opaca en el seno interno del partido son la gran mayoría.

  1. ÁMBITO NACIONAL

Dentro del ámbito nacional cabe destacar los siguientes temas y contenidos relacionados con la corrupción en los últimos meses:

  • El sistema judicial español a examen

Los jueces españoles ven claramente mejorable la situación de la Justicia en diversos aspectos tanto a nivel general como en el Orden Jurisdiccional Penal. Previamente las estadísticas hablaban de  España como un país por debajo de la media europea en número de jueces por 100.000 habitantes (21 jueces en Europa, 11 en España).

La macroencuesta fue fruto del Convenio de colaboración firmado en 2014 por D. Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, y Jesús Lizcano, presidente de TI-España. Se buscaba hacer una radiografía al estado y las necesidades de la actividad de los miembros de la judicatura española. También una proyección específica de la encuesta sobre cuestiones relativas al Orden Jurisdiccional Penal, para que los  los ciudadanos supieran la situación real  de la Justicia en España.

De forma general, la encuesta se ha dirigido a los 5.390 jueces y magistrados en servicio activo de ámbito nacional en activo en España. Mediante preguntas que tienen como objeto de estudio doce áreas de análisis de las características y desarrollo de la actividad de este personal con el fin de comprender los problemas cotidianos a los que se enfrenta en el desempeño de sus funciones. Del total de jueces y magistrados al que se les envíaron las preguntas, han contestado 1.285, siendo los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción  los órganos más participativos. Puede consultar un resumen de los resultados en el siguiente enlace: Encuesta sistema judicial español.

2) Un incumplimiento generalizado de las instituciones públicas españolas

Transparencia Internacional España advierte de un incumplimiento generalizado de la normativa legal de contratos por parte de las instituciones públicas. Una gran mayoría de ellas desatienden su obligación legal de publicar contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP). Se trata de un informe realizado por TI-España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública.

El análisis recoge el cumplimiento de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Parlamentos. En el caso de los últimos, un 26% cumplen con la obligación de publicación en la PCSP. Es decir, 3 de cada 4 parlamentos no se ajustan a la legalidad. Las cifras también son escasas en referencia a Comunidades Autónomas. Unicamente 3 de 17 cumplen con el mandato. De forma similar ocurre en el ámbito locas, tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Es llamativo como los consistorios tan grandes como Barcelona, Bilbao, Madrid o Valencia incumplen esta normativa

Transparencia Internacional España ruega a las entidades públicas españolas que cumplan su obligación impuesta por la normativa legal de publicar contratos y licitaciones en la PCSP, y la mayor brevedad posible. Cuando los ciudadanos dispongan de esta información, se producirá un aumento de transparencia significativo y por lo tanto de prevención de la corrupción, posibilitándose un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia y de la eficiencia económica.

  • Una Conferencia Episcopal Española transparente

La Conferencia Episcopal Española y TI-España firmaron un convenio de colaboración insólito el pasado 31 de mayo. La firma del mismo tiene como objetivo conseguir una mayor transparencia dentro de una de las instituciones más antiguas de España bajo la supervisión de Transparencia Internacional España. La Conferencia Episcopal mostró desde los primeros contactos un gran interés por  iniciar una política de apertura que conduzca al objetivo del acuerdo.

La Conferencia Episcopal adquiere las obligaciones de iniciar una política transparente en su funcionamiento, a rendir cuentas públicamente mediante la apertura de datos y a instaurar medidas por la transparencia. Entre estas se encuentran, la implantación de un portal de transparencia en cada una de las diócesis españolas, desarrollar un plan contable para las entidades religiosas, ofrecer la  información económica sobre el destino de los fondos recaudados a través de la Declaración de la Renta o incluso elaborar manuales de buenas prácticas para su posterior aplicación en el entorno de las diócesis.

El Convenio firmado por D. José María Gil Tamayo, Secretario General de la Conferencia Episcopal, y D. Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional, tiene una duración de dos años prorrogables. Mientras tenga vigencia, TI-España llevará a cabo un control regular y un asesoramiento para cumplir con los objetivos de transparencia.

  • Principios de Ética y Buenas Prácticas parlamentarias: Herramienta política imprescindible

La mayoría de las cámaras europeas aplican unos principios que regula la vida parlamentaria. En España aún no existe este código. Por ello, Transparencia Internacional España presentó el pasado junio los Principios de Ética y Buenas prácticas parlamentarias. Estos fueron elaborados por su Comisión de Medidas legales y sociales contra la corrupción con el objetivo de conseguir mayor transparencia e integridad en las instituciones más representativas de nuestro país: Congreso de los Diputados, Senado y Parlamentos autonómicos.

La relación entre ciudadanía y políticos está muy mermada debido al gran número de escándalos de corrupción conocidos en los últimos años. Por ello, TI-España considera fundamental la aplicación de estos principios en busca de devolver la confianza y credibilidad a la clase política y a las instituciones en última instancia por parte de la ciudadanía. La política, por su parte, aceptaría la rendición de cuentas y las prácticas éticas como el pilar básico del desempeño de sus funciones y la figura de nuestros representantes se vería muy fortalecida. Este documento incluso habla de imponer sanciones preventivas y combatir los actos ilícitos y la corrupción. TI-España subrayaba la importancia de limitar aforamientos y regular las ‘puertas giratorias’.

El capítulo español de TI ha plasmado en un documento un código ético y de conducta inspirado en el Manual de ética y conducta parlamentaria publicado por la Organización Mundial de Parlamentos contra la corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés). Es clave concienciar a los parlamentarios para ajustar sus actuaciones a este código de Principios de Ética y Buenas prácticas parlamentarias, el cual ya se demandaba desde el organismo del Consejo Europa ontra la corrupción (Grupo GRECO) y Fundación Westminster para la Democracia (AFD).

  • Invitación a una mayor transparencia y lucha contra la corrupción a los Grupos Parlamentarios

El documento plantea una mayor transparencia, luchar contra la corrupción y aumentar la democracia interna dentro de los partidos políticos. La Fundación ¿Hay Derecho?, +Democracia y Transparencia Internacional España aunaron sus fuerzas y conocimiento para redactar una serie de propuestas dirigidas a los Grupos Parlamentarias.

En el momento de su presentación, febrero de 2016, las organizaciones impulsoras de estas reformas exhortaban “a poner en práctica una nueva dinámica política basada en el diálogo e impulsar un acuerdo que de respuesta a las demandas ciudadanas priorizando la agenda de regeneración democrática”. La repetición de elecciones no dejaron estas propuestas desactualizadas en absoluto, sino que deberían estar presentes en cualquiera de los futuros acuerdo de gobierno.

La comunicación de este documento a la sociedad civil, mediante nota de prensa, permitió conocer que las propuestas se articulan, citando textualmente, en:

  1. Reforma del sistema electoral
  2. Reforma de la ley de partidos
  3. Aprobación de medidas efectivas de lucha contra la corrupción.
  4. Aprobación de medidas efectivas que consoliden la rendición de cuentas y la neutralidad de las instituciones y organismos controladores y reguladores.
  • El Consejo de Seguridad Nuclear entrega a TI-España los informes sobre Villar de Cañas

Esta episodio comenzó con la solicitud al Consejo Seguridad Nuclear (CSN) por parte de TI-España de los informes en los cuales se basan y fundamenta la deliberación de este organismo y la posterior elección del municipio de Villar de Cañas como lugar de construcción de un  Almacén Temporal de Residuos Radiactivos de alta actividad.

En un primer contacto el CSN se negó a publicar dichos informes tras la solicitud de TI-España, quienes argumentaban que se trataba de un contenido de interés público. Tras recurrir esta decisión ante el Consejo de Transparencia, este emitió una resolución sobre esta solicitud de información al CSN donde aparecían los criterios seguidos para adjudicar el emplazamiento, aprobación y sobrecoste de las obras.

En el mes de abril, el CSN se vio obligado a entregar a Transparencia Internacional España los informes pedidos desde octubre de 2015 en un plazo de 15 días desde la resolución del Consejo de Transparencia. Sin duda, una información de gran interés público que ha permitido conocer la realidad sobre este almacén nuclear.

  • Una versión españoles de los Papeles de Panamá

La versión española de los Papeles de Panamá fue una filtración de una fuente anónima recogida por la organización Fíltrala, una “parte de la red internacional de la Associated Whistleblowing Press (AWP)” como recoge su web. La cual puso en marcha a las redacciones del Diagonal, eldiario.es y La Marea para trabajar sobre algo más de 38.000 documentos que desvelarían como una asesoría fiscal española, situada en el Paseo de la Castellana, construyó un sistema para ayudar a sus clientes rebajar su carga fiscal e incluso evadir impuestos.

Familia cercana de un expresidente de SEAT en la época franquista, dirigentes de Almirall, empresa de la industria farmacéutica de gran peso, propietarios de Pipas Facundo e incluso miembros de la nobleza están supuestamente involucrados en este entramado. Es cierto que actualmente muchos de los clientes de esta asesoría no se encuentran en una situación irregular, pues la amnistiara fiscal aprobada el pasado introdujo dinero opaco en el exterior por valor de algo más de 150 millones (un 0,4 % de la totalidad de la amnistía fiscal).

La sede de esta asesoría esta situada en el Paseo de la Castellana, pero no sólo corresponde a clientes de Madrid, sino de unos 300 procedentes de muy variados lugares de la geografía española. Algunos de ellos iniciaron este sistema en 1964, y han ocultado sus bienes en paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Bahamas, Liechtenstein, Suiza y Panamá entre otros.